En los tiempos de la soterrada carrera para la sucesión del PP palentino, que al final no fue, Enrique Martín, presidente de la Diputación de Palencia, cerró un acuerdo con la oposición. Martín demostró tener la suficiente cintura política para acordar el reglamento de la institución provincial –que estaba sin redactar desde la aprobación de la constitución de 1978– con los anteriormente calificados de “talibanes” por el propio presidente de la Diputación.
La verdad, es que los socialitas estaban deseando de llegar algún tipo de pacto con el grupo de gobierno para rascar algo bola en la Diputación, además, con un portavoz, Jesús Herrero, amortizado, despreciado y ninguneado por los suyos; el cual simplemente tubo que aplicar el refrán: “para lo que me queda en este convento …”. Súmale a esto que el aumento de sinecuras es considerable y ya tienes acuerdo.
Pero el cambio más significativo del acuerdo es la forma de repartir los planes provinciales, el león del presupuesto provincial. Hasta entonces las obras financiadas por los planes provinciales eran elegidas arbitrariamente por el gobierno de la Diputación, con el sistema nuevo se impone el reparto en función de la población. Es un sistema más objetivo pero ¿es más justo?
Las funciones principales del Estado son la de proporcionar seguridad a sus ciudadanos y la de la redistribución de la riqueza. Es curioso comprobar como los que piden más estado no lo quieren utilizar ni para dar más seguridad –léase no debatir la cadena perpetua, negociar con terroristas y sobretodo léase caso bar Faisán– y desde que son medio nacionalistas, tampoco están para muchas redistribuciones. Pero no quiero entrar hoy, otro día quizás, en el debate de para qué quieren los socialistas un gran estado, el gran gobierno de Roosevelt, o ¿quizás no es en el presidente americano en quién se fijan?
Volviendo al ámbito de actuación de la Diputación, que no tiene competencias en seguridad y la redistribución la realiza entre los municipios de su provincia, con el nuevo sistema de financiación de obras, dentro de los planes provinciales, siendo más objetivo, es más injusto. Porque son los municipios grandes, que tienen más recursos, los que más reciben y en cambio son muchas de las obras de los municipios pequeños las que se quedarán sin hacer, rompiendo esa redistribución que permitía que ciertas obras, de esos pequeños municipios, se realizasen independientemente de su propia capacidad. Súmale que son los municipios grandes los que “se mueven” mejor para conseguir fondos estales y regionales, y tendrás un ahondamiento en brecha intermunicipal. Este cambio empieza a ser criticado por algunos ediles, de momento en petit comité, que han visto como su capacidad para acometer obras se ha visto mermada.
Las consecuencias políticas se verán en la confección de las listas para las próximas municipales. Antes cuando un grupo de personas, independientemente de su adscripción ideológica, decidían presentarse a las elecciones de su pueblo lo hacían por el PP porque hacerlo por independientes es más complicado, dentro de un partido te hacen todas las gestiones, y daban por descontado que siendo del mismo partido que la Diputación, más caería para su pueblo.
Ahora será más difícil de conseguir, primero que alguien se presente por los municipios pequeños –con menos fondos menos se puede hacer–, segundo que lo haga por el PP –se ha perdido parte del aliciente–. Veremos. Ya solo queda preguntarnos, ¿era consciente Enrique Martín del marrón que estaba dejando a su sucesor?